** La iniciativa presidencial plantea cambios a 18 artículos de la Constitución Política y propone recortar a la mitad el financiamiento público de los partidos políticos, generando un amplio debate en el ámbito político y social.
El Ejecutivo Federal ha presentado el denominado Plan C electoral, que incluye una serie de reformas sustanciales a la estructura y funcionamiento del sistema electoral mexicano. Entre los cambios más destacados se encuentran la reducción del tamaño del Congreso de la Unión (de 500 a 300 diputados, de 128 a 64 senadores, así como suprimir a los legisladores plurinominales) y la eliminación del Instituto Nacional Electoral (INE).
La propuesta, que abarca modificaciones a 18 artículos de la Constitución Política, también sugiere una reducción significativa en el financiamiento público destinado a los partidos políticos, disminuyéndolo a la mitad. Este planteamiento ha sido recibido con diversas reacciones entre los distintos actores políticos y la ciudadanía.
El Plan C surge en un contexto de búsqueda de eficientar y optimizar el uso de recursos públicos en el ámbito electoral. Los defensores de la iniciativa argumentan que estas reformas contribuirán a un sistema más austero y menos oneroso, permitiendo redirigir recursos a otras áreas prioritarias para el desarrollo del país.
Por otro lado, críticos de la propuesta señalan que la eliminación del INE podría poner en riesgo la autonomía e imparcialidad de las elecciones, argumentando que este órgano ha sido fundamental para garantizar procesos electorales transparentes y equitativos. La reducción del Congreso también ha sido cuestionada por su posible impacto en la representación política y la pluralidad democrática. La iniciativa presidencial de Plan C electoral abre un nuevo capítulo en el debate sobre la reforma del sistema político en México. La discusión sobre los posibles beneficios y riesgos de estas modificaciones continúa entre legisladores, analistas y ciudadanos, mientras se espera que el Congreso de la Unión analice y decida sobre el futuro de la propuesta. El desenlace de este proceso legislativo será crucial para definir el rumbo de la democracia en el país.
